Por Carlos Hartig.
Bahía de Banderas. – El paraíso turístico de Bahía de Banderas enfrenta una paradoja cruel: mientras el sector hotelero de lujo consume hasta 1,500 litros de agua por habitación al día, miles de familias en Valle Dorado, Bucerías y Mezcales sobreviven con suministro apenas dos días a la semana. La crisis ha escalado a niveles críticos este febrero de 2026, con un organismo operador, OROMAPAS Bahía de Banderas, que arrastra una cartera vencida de 290 millones de pesos, una cifra alarmante que equivale al 14.5% del presupuesto anual del municipio (2,004 mdp). El sistema está técnicamente quebrado y físicamente agotado, dejando a la población en la incertidumbre de cortes que se extienden hasta por cinco días consecutivos.
El desequilibrio hídrico es el epicentro del conflicto. Con una población que se dispara a más de 220,000 personas en temporada alta, el consumo per cápita del municipio se ha inflado a 252 litros diarios, superando por mucho la media nacional de 182 litros reportada por la CONAGUA. Esta presión no es distribuida de forma equitativa; la infraestructura actual prioriza el crecimiento inmobiliario y turístico mientras las redes de distribución de las colonias populares colapsan. La indignación social ha estallado ante la contradicción de recibir «campañas agresivas de cobro» de agua y predial en domicilios donde los grifos solo emiten aire, llevando al líder transportista Raúl de los Santos Palomera a calificar la situación como «una burla» para el contribuyente cumplido.
En respuesta, el alcalde Héctor Santana García y el director de OROMAPAS, Jesús Abdiel Mejía, han puesto sobre la mesa un ambicioso Plan Maestro de Infraestructura. Este incluye un acueducto valorado en más de 1,500 millones de pesos y la perforación urgente de pozos en puntos estratégicos como Bucerías y Hollywood-Brisas de la Bahía. No obstante, el escepticismo reina entre los ciudadanos y cámaras como la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas (ADEPM), quienes consideran que estas obras, aunque necesarias, llegan con décadas de retraso y no garantizan una solución inmediata para quienes hoy deben comprar pipas de agua para actividades básicas.
Para evitar un estallido social, se plantean tres ejes de acción inmediata: primero, una auditoría externa profunda a OROMAPAS para aplicar una cobranza diferenciada que obligue a los grandes deudores comerciales y hoteleros a liquidar sus adeudos antes de presionar al ciudadano de a pie. Segundo, la ejecución de un fondo de emergencia de 100 millones de pesos para rehabilitar redes obsoletas de forma inmediata. Y tercero, la democratización de la gestión del agua mediante un Consejo Ciudadano con facultades legales para supervisar el gasto y publicar semanalmente el estado real de los niveles de servicio, rompiendo la opacidad que ha caracterizado al organismo.
El futuro de Bahía de Banderas depende de su capacidad para gestionar el recurso más vital. La crisis actual no es solo por falta de lluvia o infraestructura, sino una crisis de administración financiera y justicia distributiva. Mientras los habitantes siguen almacenando agua en cubetas y denunciando que «el pueblo está sucio» en temporada alta, la administración de Santana García enfrenta su mayor prueba: transformar un sistema deudor y seco en uno que garantice agua todos los días, en cantidad suficiente y a un precio justo para todos, no solo para el turismo.
